Hay quien defiende a los sindicatos porque un día le ayudaron con un despido. Y hay quien los ve como una parte más del poder. Aquí no vamos a insultar a nadie. Vamos a hacer algo más incómodo: poner los números y las sentencias sobre la mesa.
| Dato | 2018 | 2026 |
|---|---|---|
| Subvención estatal a sindicatos por representatividad | 8,9 M€ | 32 M€ |
| Luz mayorista, €/MWh (octubre 2018 y 10-11-2026) | 65 | 171 |
| Puesto de la vivienda entre los problemas (CIS) | 15.º | 1.º |
Circula por las redes una cifra de 106 millones al año. Sale de un informe del Instituto Juan de Mariana que suma, para 2025, todas las líneas de dinero público a CCOO, UGT y sus organizaciones vinculadas. No es un dato oficial y no lo usamos como tal. El que sí es oficial: la subvención del Ministerio de Trabajo por representatividad pasó de 8,9 millones en 2018 a 32 millones en 2026. Según la prensa, en 2025 CCOO y UGT se llevaron unos 23,6 millones de esa partida.
Lo que han dicho los jueces
Facturas falsas de UGT Andalucía: en 2024, la Audiencia de Sevilla condenó a su exsecretario general y a otros dos ex altos cargos a tres años de cárcel por fraude de subvenciones de formación por 40,6 millones. UGT Andalucía responde como responsable civil subsidiaria. La sentencia está recurrida ante el Supremo. Aparte, el Supremo ha confirmado que UGT Andalucía debe devolver 18,3 millones por cursos mal justificados.
UGT Asturias: la Audiencia de Oviedo confirmó en 2024 su condena como organización por fraude en cursos de formación, con multa y cuatro años sin poder recibir subvenciones, y la de seis exdirigentes y trabajadores. Cabe recurso.
Tarjetas black de Caja Madrid: el Supremo confirmó en 2018 la condena de 64 personas por apropiación indebida. Entre ellas, consejeros propuestos por CCOO y UGT. Esta condena es firme.
Y en los ERE de Andalucía, la Audiencia de Sevilla condenó en 2025 a un exsindicalista de UGT y a otro de CCOO en la pieza Surcolor, con una federación de CCOO como responsable civil subsidiaria.
No todos los sindicalistas roban. Pero el sistema se lo puso demasiado fácil.
Por eso les quitaron la formación
En 2015 la ley de formación para el empleo sacó a sindicatos y patronales de la gestión de esos fondos. Lo dice su propia exposición de motivos: «dejarán de ser titulares de planes de formación» y se busca «tolerancia cero contra el fraude». El problema estaba tan claro que hubo que cambiar la ley.
Lo que no sale en sus cuentas
Los liberados sindicales, representantes que dejan de trabajar para dedicarse al sindicato sin perder el sueldo, no los paga el sindicato: los pagan las empresas y las administraciones. Solo en la Administración General del Estado había 486 liberados a tiempo completo en 2024. En el Ayuntamiento de Madrid, 83. No existe una cifra oficial del total en España ni de lo que cuesta.
CCOO publica una memoria económica: según sus propios datos, en 2024 el 68,7 % de sus ingresos fueron cuotas de afiliados. Bien. UGT no publica cuentas confederales auditadas. El Consejo de Transparencia le da un 16,7 % de cumplimiento en información económica a una de sus federaciones.
¿A quién representan?
Solo el 12,5 % de los asalariados españoles está afiliado a un sindicato, según la OCDE. Pero los convenios que firman se aplican a todos, y el dinero público que reciben sale de todos.
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