Un sistema que se instala en un móvil sin que su dueño lo sepa y da acceso a su contenido y sus comunicaciones. Android o iPhone. La Guardia Civil lo ha comprado por 2,07 millones de euros sin IVA, unos 2,5 millones con IVA. Lo dice el BOE del 19 de octubre de 2026.
¿Me pueden espiar a mí?
No sin un juez. La ley solo permite este tipo de registro remoto con autorización judicial y para delitos graves: terrorismo, crimen organizado, delitos contra menores, contra la Constitución o cometidos por internet. Y como mucho durante tres meses. La herramienta es legal. El problema es otro.
El problema: cómo se compró
El contrato se adjudicó por procedimiento negociado sin publicidad: sin concurso abierto. Se presentó una sola oferta, la de la empresa distribuidora. La justificación oficial no es la seguridad nacional, sino que el fabricante tiene «derechos exclusivos». Del fabricante, el BOE no dice el nombre.
No es un caso aislado
Según la Oficina de Supervisión de la Contratación, en 2025 el 26,5 % del dinero adjudicado en contratos públicos en España se dio por negociado sin publicidad: casi 30.000 millones de euros. En el sector público estatal, ese porcentaje pasó del 7,75 % en 2024 al 40,9 % en 2025, sobre todo por defensa.
Y la Comisión Europea calcula que en España un tercio de los contratos públicos tiene un solo licitador. La media europea es el 28 %. Cuando solo se presenta uno, el precio lo pone él.
Sin competencia no hay precio justo. Solo hay precio.
España ya vivió el caso Pegasus: en 2022, el Gobierno reconoció que el móvil del presidente y de dos ministros había sido infectado. Precisamente por eso, quien compra herramientas para entrar en móviles debería ser el más transparente de todos.
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